Contraloría archiva proceso fiscal contra Caicedo tras no hallar pruebas que lo incriminen por compra de mercados solidarios para la gente en pandemia
El Contralor Delegado Intersectorial Número 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, German Marín Zafra, ordenó el archivo del Proceso Ordinario del Responsabilidad Fiscal PRF-80011-2020-36425, por medio del cual se pretendía incriminar sin pruebas al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y algunos miembros de su gabinete, tras la presuntas irregularidades en la celebración del contrato 0210 de 2020 con la empresa Makro, cuyo acto administrativo tenía por objeto la adquisición de mercados con alimentos y productos de aseo de la canasta familiar básica para las familias en situación de vulnerabilidad del Departamento en el marco de la pandemia.
Cabe recordar que dicha iniciativa liderada por el gobernador del Magdalena fue catalogada por la opinión pública como uno de las mejores gestiones de los mandatarios departamentales del país para salvaguardar la calidad de vida de la población durante la emergencia sanitaria, tras suministrar más de 100 mil mercados solidarios de 86 kilos, que constaban de 28 productos entre alimentos no perecederos, aseo personal y limpieza del hogar, a las familias más vulnerables del Departamento. Todo en beneficio del pueblo magdalenense, lo cual fue atacado por sus opositores políticos.
Por tal motivo, la Contraloría adelantó una investigación contra al mandatario y parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, la administración departamental argumentó que el contrato se suscribió en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta.
Además, la declaratoria surgió con el propósito de que los habitantes del Magdalena permanecieran en sus hogares debido a las medias decretadas por el Gobierno nacional y Departamental, dentro de las cuales estuvo el aislamiento preventivo obligatorio, lo que afectaba de manera directa a la población más pobre y vulnerable que en su mayoría dependen de la informalidad laboral y al verse imposibilitados para ejercer sus actividades diarias, de las cuales proviene su subsistencia, por lo que el ente territorial debió garantizar en la medida de sus recursos una canasta básica para que las personas no se expusieran y evitar con ello la propagación del coronavirus.
