Un juez de la Republica le negó una tutela a Eduardo Díaz Granados Abadía, quien pidió a través de esa acción judicial proteger su buen nombre, ya que se sintió aludido en unos señalamientos que hizo el actual Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien se habría referido a los responsables de la actual situación de la salud en el Magdalena.

El accionante manifestó que los días 12 y 13 de mayo de 2020, el Gobernador del Magdalena, en una cadena radial de gran difusión, "realizó señalamientos falsos en su contra", como que él "había asegurado que pertenecía a un clan o mafia corrupta", es decir, que lo señaló de la comisión de delito de concierto para delinquir.

Además de que él se había robado el dinero público de la salud del Departamento del Magdalena y había cometido el punible de tráfico de influencias, al haber influido en la intervención de la Superintendencia de Salud en los hospitales públicos del Magdalena.

Igualmente de que él y el clan al que supuestamente pertenece, habían dejado la salud del Departamento como una olla podrida y quebrados.

En ese orden, explicó Díaz Granados, "ninguno de los señalamientos realizados por el Gobernador del Magdalena tenía sustento en decisión ejecutoriada proferida por autoridad competente, de modo que se estaba afectando la presunción de inocencia del actor, así como su buen nombre y honra".

No obstante, el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República, decidió "denegar el amparo constitucional solicitado por Eduardo Agatón Díaz Granados Abadía, en virtud de las razones expuestas en la parte motiva de esa providencia.

El Juez, en su decisión, argumentó: "No cabe duda, porque es evidente, que el accionado hace serios señalamientos en relación con las familias Cotes y Diaz Granados, sin embargo, para la protecicón del derecho fundamental al buen nombre y la honra de un solo accionante, debe verificarse lo que en concreto se ha expuesto sobre éste.

En el presente caso, el fragmento de las declraciones del ciudadano Caicedo Omar, que se refieren al parecer al accionante no permiten colegir una afectación directa o concreta a su buen  nombre, honra o presunción de inocencia. Por todo lo anterior, se negará el amparo constitucional solicitado por el actor, al no evidenciarse una afectación concreta y clara de su derecho al buen nombre". Entre tanto, el Gobernador no tendrá que rectractarse.

Por su parte, el abogado de Eduardo Díaz Granados es Julián Quintana, quien ha instaurado varias denuncias en contra del mandatario departamental ante los entes de control, para provocar indagaciones. Hay que recordar también que el jurista es cuñado de un funcionario de la Procuraduría regional, de nombre Alfredo Valencia Campo, contra quien el Tesorero Departamental del Magdalena, Eder Ojeda Carranza, presentó una queja disciplinaria por ejercer coacción para la realización del giro asociado con el recaudo de la estampilla Pro-Hospital Universitario. Además, Quintana fue relacionado en 2019 en la presunta participación de un cartel de corrupción por el presunto cobro de cuantías para procesos de extinción de dominio que investigó la Fiscalía

 

Fuente: Oficina Prensa Gobernacion Magdalena

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