• Se trata de 14 secretarios, jefes de oficinas y asesores, que conformarán el equipo de expertos con el que el mandatario departamental le apuesta a traer más beneficios a los magdalenenses.

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La Procuraduría General de la Nación sancionó a los exgoberadores Luis Miguel Cotes (2012-2015) y Rosa Cotes (2016-2019) por irregularidades en la contratación y ejecución del contrato de la Vía de la Prosperidad.

Se conoció que el fallo, de más de 400 páginas, sanciona a los exgobernadores con sanciones económicas, teniendo en cuenta que estos ya no se desempeñan como funcionarios públicos.

En el caso de El Mello Cotes, la sanción equivale a $107 millones de pesos, mientras que Rosa Cotes tendría que pagar 12 salarios básicos mensuales devengados para el año en el que ejercía como gobernadora.

La Procuraduría había formulado pliego de cargos en contra de los exfuncionarios por este proyecto vial que ascendió a un valor superior a los 466 mil millones de pesos durante la administración del Mello Cotes, y que fue regularizado por la mandataria departamental Rosa Cotes, en un acuerdo con los contratistas y otros actores, en los que se redujo el alcance del contrato.

El órgano de control había formulado pliego de cargos en contra de estos exfuncionarios en junio del año pasado. En ese entonces, cuestionó una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena.

El ente de control también mencionó en su momento presuntas faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se habría realizado con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera; y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar.

A juicio de la Procuraduría, al parecer, no se cumplieron los fines del proyecto Vía de la Prosperidad, por las presuntas deficiencias en la planeación contractual, que le sería imputable al exgobernador Luis Miguel Cotes, lo que habría afectado el alcance físico del proyecto que pretendía intervenir 52.6 kilómetros de carreteable, en tres tramos.

La sanción es en primera instancia y puede ser apelada por los exgobernadores.

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