La Procuraduría señaló que inhabilitó a Yaneth Cortez por irregularidades en la licitación para la construcción del Plan Maestro de Acueducto.
La Procuraduría General de la Nación tomó una determinación frente al proceso disciplinario contra Yaneth Esther Cortez Díaz, quien fue alcaldesa de Cantagallo, sur de Bolívar, entre los años 2012 y 2015. Fue así como el ente de control la sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años por irregularidades en la licitación para la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, por $12.166.627.258. Por este mismo proceso la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja sancionó con destitución e inhabilidad general por 14 años al exsecretario de Planeación y Obras Públicas, William Alfonso Portillo, quien estuvo en ese cargo entre 2012 y 2015.
“El ente de control demostró que al establecer un término de dos meses para ejecutar esta obra sanitaria, los disciplinados incumplieron el deber de planeación y los principios de economía, responsabilidad y libre concurrencia en la licitación 010 de 2015, ya que el objeto contractual era de imposible realización en el plazo estipulado, como efectivamente ocurrió, pues la obra no se ha concluido”, indicó la Procuraduría.
El ministerio Público señaló que la licitación 010 de 2015, que tuvo un valor inicial de $10.665.972.000 y contó con una adición de $1.500.655.258, requirió la suspensión del contrato entre el 13 de junio y el 1 de diciembre de 2016, y el 21 de marzo y el 11 de septiembre de 2017, por lo que fue necesaria la adición de tiempo, según lo probado en el proceso.
La explicó que la primera fue por 6 meses, contados a partir del 18 de diciembre de 2015, y que la segunda fue por un término similar, desde el 5 de diciembre de 2016.
“El determinar un plazo en estas condiciones implicaba no solo que no se cumpliera el objeto contractual, sino que se limitaba la participación de oferentes”, explicó la Procuraduría.
El Ministerio Público señaló que “los exfuncionarios vulneraron el derecho fundamental al saneamiento básico en conexidad con la dignidad humana de la población beneficiaria, y con sus actuaciones enviaron un mal mensaje a la comunidad y afectaron el erario de los cantagallenses”.
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