Por Angelica Marina - 

El Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Valledupar acogió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación y ordenó la protección del derecho a la salubridad pública de los habitantes de Chimichagua, Cesar.

El juzgado ordenó amparar los derechos colectivos, al goce de un ambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicio que garantice la salud pública de los habitantes de Chimichagua y le ordenó a la alcaldesa Maritza Pérez Ramírez, o quien haga sus veces, que en el término de seis meses adelante las gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras necesarias para las adecuaciones sanitarias del cementerio y la morgue del municipio.

En una acción popular el Minsiterio Público señaló que el cementerio y la morgue no cumplían con la normatividad vigente, en especial con el área de exhumaciones y que la irregular disposición final de los residuos ponía en riesgo la salud de los habitantes.   Fuente El Pais Vallenato